Llegó a Caracas con la esperanza de tener un nuevo trabajo y regresó a Margarita sin papeles. María Cristina fue víctima de la delincuencia en julio de este año, pero su caso no quedó registrado en las estadísticas nacionales. Una funcionaria policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) la incitó a cambiar la versión de los hechos. De esta manera, lo que debió quedar como una denuncia por hurto quedó camuflado bajo el título “extravío de documentos”.
En la Subdelegación del Cicpc de Chacao, María Cristina intentó denunciar que en el Metro de Caracas, estación Bellas Artes, un hombre la había despojado de sus papeles. “Comenzaron a llegar mensajes de textos del banco de movimientos de dinero que yo no había hecho. Ahí me di cuenta. Fui hasta el Cicpc, porque sin mi cédula no podía entrar a Margarita. Tenía mi vuelo a las 4:00 pm de ese día. La funcionaria que me atendió me aseguró que si quería reportar el robo iba a perder el viaje, por la cola de personas que había. Además, me dijo que no lo podía hacer allí, sino en otra oficina”, aseguró María Cristina, quien se negó a dar su nombre real para evitar represalias.
Ella pudo bloquear sus cuentas bancarias antes de perder más dinero. Salió del Cicpc con una constancia firmada que daba cuenta del extravío de pertenencias. Ese día, María Cristina logró regresar a su ciudad natal. Ahora, el caso no está en las estadísticas criminales del país. Y con él, y otros similares, se perdió la posibilidad de generar políticas de prevención efectivas para evitar la repetición del delito.
Como el testimonio de María Cristina hay cientos. Algunos salen a la luz por las redes sociales y otros se pierden. “Conozco de casos de robo que no les toman la denuncia porque no tienen factura; es decir, no pueden comprobar que lo robado era propiedad de la víctima. También sé que en una delegación del Cicpc no permiten a terceros denunciar un caso de secuestro. El argumento es que deben ser familiares directos”, indicó Javier Ignacio Mayorca, periodista especializado en seguridad ciudadana desde hace 30 años.
Denuncia, insumo de la casuística
Miguel Dao, comisario jubilado y exdirector del Cicpc con más de 40 años en el ámbito de prevención y criminología, sabe muy bien que el registro pormenorizado de las incidencias delictivas son la clave de la actuación policial.
“La denuncia es un factor principal para alimentar la estadística y consecuentemente la casuística. Estoy seguro de que se ha venido a menos el tema de la denuncia. La gente prefiere no denunciar porque no confían en los cuerpos policiales”, dijo el comisario.
Y tiene razón. Las encuestas de victimización realizadas por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) apuntan que aproximadamente 60% de la población víctima de la violencia no acude a las autoridades. Un estudio homólogo internacional también asevera que para 2018 solo 24% de la población en Venezuela confía en sus policías.
En el informe Ley y Orden Globales 2018 (2018 Global Law and Order), de la firma de encuestas Gallup, Venezuela aparece por segundo año consecutivo como el país menos seguro del mundo, empatado con Afganistán, que se encuentra en guerra.
Aun cuando el OVV tenía acceso a la estadística delictiva del propio Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz, el sociólogo Roberto Briceño sabía que había que encontrar la “cifra negra”. Por eso, creó junto a investigadores de tres universidades del país las encuestas de victimización.
“Una cosa es lo que queda en el registro y otra lo que la gente puede decirme. En las encuestas de victimización no se miden los delitos conocidos por la policía, sino la gente que sufrió”, afirmó el director del OVV y también profesor de la Universidad Central de Venezuela. En 2005, cuando les cerraron la puerta de la información, esta metodología dio pie para crear proyecciones de criminalidad, junto a la investigación hemerográfica.
“Hay una cifra negra importante. La gente se vuelve una doble víctima. Además de ser víctima del delito, denunciarlo es un viacrucis, un proceso”, añadió el experto en materia policial.
Nueva etapa
En 1989, cuando Mayorca se inició como pasante en un periódico, le asignaron la fuente de sucesos. Hasta 2005, él pudo acceder a los libros de novedades del Cicpc y entrevistarse con cada director o funcionario de una división. No hacía falta ninguna carta dirigida a la directiva de la institución ni mucho menos la autorización del Ejecutivo Nacional para ello.
“No había un marco institucional que lo prohibiera ni barreras para acceder a la información de seguridad. Había una suerte de voluntarismo del policía, aupado por la conciencia colectiva de que los periodistas trabajamos por la sociedad. Todos te ayudaban”.
En 2004 el reportero advirtió que habría cambios. Para ese año, el ministro Jesse Chacón creó el Plan Piloto de Seguridad Ciudadana. Los objetivos claves eran reducir la incidencia criminal y mejorar la percepción de seguridad de los ciudadanos. Dos años después, Mayorca asegura que las encuestadoras dieron como preocupación número uno del venezolano la inseguridad criminal.
Tanto para el periodista como para Briceño, el cierre de la sala de prensa del Cicpc fue el hito que marcó la era del oscurantismo de la información. Mayorca recuerda que la divulgación de una denuncia contra Marcos Chávez decantó en el cierre del lugar en el que diariamente los reporteros obtenían información detallada de los homicidios del país.
Paralelo a ese incidente, el director e investigador del OVV notó que desaparecieron los datos de seguridad colgados en las páginas webs del Instituto Nacional de Estadística y del Consejo de la Magistratura (actual Dirección Ejecutiva de la Magistratura). A ellos, como académicos, les negaron también las cifras anuales de 2004.
“Ellos se trazan metas muy concretas. Para mí, la falta de registro de las denuncias tiene que ver con la determinación del Cicpc de demostrar su efectividad y la disminución de los delitos. Con aquello que se concibió como objetivo en el Plan Piloto”, manifestó Mayorca.
Para el académico, Roberto Briceño, la nueva política tiene otro significado: frenar la entrada de información. Así no hay filtraciones. “Parece que es una fase superior de la censura. Ya no es que el dato no salga, ahora estamos en una nueva fase que es que el dato no entre. Son dos momentos. Claro, cuando el dato está dentro puedes intentar que no salga, pero se te cuela. Lo mejor es que el dato no exista”, sentenció.
Círculo vicioso
Semanalmente, las autoridades policiales y militares se reúnen para evaluar los índices delictivos del país. Pero, ¿qué pasa si hay una cifra negra aupada por los organismos de seguridad?
“Las policías y el Gobierno comienzan a tomar decisiones sobre información que no es exacta. Y esto es gravísimo. Son decisiones que en determinado momento pueden inclinar la balanza entre la vida y la muerte”, reflexionó el periodista.
El comisario Dao también apunta al incremento de la desconfianza policial, lo que abre el espacio para que las personas busquen resolver por otras vías sus problemas. “¿Al final qué pasa con estos obstáculos? Se prefiere esperar que el malandro llame, antes que ir al Cicpc. Esperan resolver con el pago de un rescate su situación”, dijo el exdirector del cuerpo de investigación policial.
Mayorca agrega la imagen del círculo vicioso: “Una sociedad que desconfía de sus policías, es una sociedad donde crecen los linchamientos, los sicariatos y las extorsiones. La violencia se vuelve el mecanismo alterno de resolución de conflictos”.
