BCV e INE: opacidad y maquillaje de datos

Foto: Mariana Souquett

No es casual que al agravarse la crisis económica, social y política de Venezuela, lo que la ONU califica como una emergencia humanitaria compleja, los datos sobre indicadores en estos sectores vitales para el país hayan dejado de publicarse.

El Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) trabajan de la mano con personal altamente calificado para informar sobre datos económicos, sociales, demográficos y ambientales, que servían de bitácora para la planificación presupuestaria, fiscal y social del país.

Pero los quiebres comenzaron a ocurrir mucho antes de la emergencia humanitaria compleja. En el año 2010 con Elías Eljuri al frente de la presidencia del INE, y bajo el Gobierno de Hugo Chávez, un primer enfrentamiento ocurrió entre el instituto y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Venezuela.

La publicación del Índice de Desarrollo Humano de la oficina de Naciones Unidas ubicó a Venezuela por debajo de lo que consideraba la instancia gubernamental, lo que motivó la presión, queja y declaraciones de Eljuri. En ese entonces, el Pnud colocó al país en el puesto 75 con un desarrollo humano alto. Eljuri replicó este informe y dijo que con una nueva metodología el país estaba en el puesto 53, aunque igualmente con una alta calificación.

Félix Seijas, estadístico y presidente de la encuestadora Delphos, dice que con este tipo de presiones, el Gobierno de Chávez inició una política de opacidad que se agravó hasta el presente 2018, cuando los indicadores oficiales son nulos o escasos en el mejor de los casos. “Empiezan a ocultar cifras para ocultar realidades. El INE ha respondido a los intereses del Gobierno; era una institución profesional y ahora se maneja para un grupo político. Antes cuando cambiaban los gobiernos se mantenían (los técnicos)”.

El quiebre de Maduro

Sin embargo, con lo que Maduro y su gestión califican como “una guerra económica” desde el año 2015 no hubo más información sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc), que mostraba la inflación mensual en el país y en 10 ciudades escogidas por su influencia geográfica. El 15 de enero de 2016, después de un año sin publicar el Inpc, el BCV dio a conocer las cifras de inflación. En ese momento, el documento publicado fue parcial: no incluía el cuarto trimestre de 2015 para:

Un repaso por la página del BCV en la pestaña de estadísticas permite la descarga de información, pero de años tan remotos como 2014 en el caso del PIB. Hay una comparación histórica con resultados desde 1997 y los siguientes 17 años, pero desde los últimos cuatro años hacia acá no se sabe nada.

TSJ blindó la opacidad

Ni dos peticiones de la ONG Transparencia Venezuela entre julio y agosto de 2015 ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ni una de Provea en septiembre de ese año  impidieron la política de opacidad que se profundizó con Maduro.

Entre esos indicadores económicos básicos está la balanza de pagos. Este último es “un registro contable y sistemático de todas las transacciones económicas y financieras que realiza un país con el resto de mundo durante un período determinado”.

¿Y eso para qué sirve? es la pregunta. Con la balanza de pagos se conoce el nivel de las reservas internacionales del país.

En ese momento, el presidente del BCV era Nelson Merentes, quien se mantuvo en el cargo en el Gobierno de Maduro desde el 16 de enero de 2014 hasta el 20 de enero de 2017. Antes lo había ocupado en la gestión de Chávez, entre 2009 y 2013.

Transparencia Venezuela recordó que la falta de publicación de datos “vulnera los artículos 7, que hace referencia al adecuado cumplimiento del objetivo del BCV, numerales 13 (acopiar, producir y publicar las principales estadísticas económicas, monetarias, financieras, cambiarias, de precios y balanzas de pagos) y 31 que hace referencia a la transparencia como principio de la institución”.

Si no hay datos de inflación, un trabajador simplemente desconoce cómo le afecta en su capacidad de compra el aumento de este indicador.

Rendición de cuentas verbales

La economista Tamara Herrera coincide con Seijas al decir que con Chávez comenzó la práctica de presentar cuentas a través de cadenas de televisión.

“El Gobierno optó desde muy temprano con el presidente Hugo Chávez de instaurar la cultura de la información a través de las cadenas, con informaciones verbales“.

A partir del año 2005 se comenzó a debilitar la rendición de cuentas. La información fiscal, la de Tesorería y la petrolera dejaron de ser regulares, no estaban en los portales digitales de los ministerios. Además con Jorge Giordani en el Gabinete ejecutivo se eliminó el histórico de los informes de la Tesorería Nacional.

Herrera resalta que en noviembre de 2017 cuando Maduro habló de refinanciar la deuda solo quedó en meras palabras, siguiendo el ejemplo de su predecesor. Porque sin maneras de demostrar confianza a mercados internacionales al no publicar cifras, el país no tiene credibilidad ante lo organismos multilaterales ni los Gobiernos de otros países.

“La información es necesaria para invertir y obtener financiamiento externo, para ganar confianza nacional e internacional. Cuando las autoridades económicas no tienen credibilidad ni generan confianza se producen los fenómenos que estamos viendo. No se crean decisiones económicas, no se sabe a ciencia cierta qué están decidiendo. La moneda pierde confianza”, señala Herrera.

Presiones internacionales

El pasado mes de mayo el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió una declaración de censura contra Venezuela. El país tiene 10 años sin someterse a la revisión anual del organismo y tampoco ha entregado los datos oficiales económicos al organismo. A la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dejó de informar en 2015 y al Banco Mundial le entregó solo 87 indicadores en 2017.

Este mes de noviembre se confirmaron negociaciones para que el Gobierno entregue los datos. No hacerlo provoca que Venezuela “quede impedida para acceder a recursos de la institución financiera internacional y de proseguir sin entregar los datos requeridos podría perder su derecho de voto en el seno del organismo y una eventual salida del organismo”.

Informes paralelos

La Asamblea Nacional ante la falta de datos oficiales comenzó el año pasado a publicar un Inpc que aunque resulta del seno de la Comisión de Finanzas, no hace el estudio a fondo como lo reportaban el INE y el BCV.

Para Seijas, “el fin de todo es ocultar la realidad. Es una  realidad dura, la inflación en Venezuela es una cifra increíblemente alta, la cantidad de empleo ha caído de una manera estrepitosa y un régimen autoritario los oculta”, destacó.

Según el estadístico, todo esto  fue resultado de la combinación de dos cosas: “Corrupción del Gobierno y la producción baja de petróleo. Todos lo sindicadores comenzaron a caer y comenzó una censura masiva de todas estas estadísticas de los institutos que las producen”.

Foto: Mariana Souquett

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