Ray Anthony Martínez Sanz tiene 34 años de edad y es un Free Convict, proyecto musical venezolano del género Hip – Hop. Estuvo preso dos veces y en una de las cárceles más peligrosas del país fue donde su talento emergió. Vivió el antes y después del Ministerio para Servicios Penitenciarios y, pese al lema “hacia la mujer y el hombre nuevo”, su reinserción no estuvo vinculada al Estado. En 2013, le dijo adiós al mundo delictivo.
A sus 20 años, fue atrapado en un atraco en San Juan de los Morros (Guárico). Pasó de cárcel en cárcel y, dos años después, quedó en libertad por no haber sido notificado nunca de sus citas judiciales. En 2012 otra vez entró a la cárcel y lo condenaron a 10 años de prisión.
“Uno llega a la cárcel resentido con el mundo. Cuando ves que estás solo comienzas a reflexionar y te conoces a ti mismo. Entre tanta basura hay muchas personas que brillan, pero nadie las ve. Igual luchan por cambiar y entiendes que tú también puedes hacerlo “, dice Martínez Sanz, sobre su proceso de crecimiento personal.
El camino de la censura
El 12 de junio de 2011 el fuego cruzado entre los reos del Internado Judicial Rodeo I y II, en el estado Miranda, volcó la mirada sobre las cárceles. La revuelta dejó 23 personas muertas, entre ellas un guardia nacional y un vecino.
Un mes después el entonces presidente Hugo Chávez creó el Ministerio para Servicios Penitenciarios y delegó la gestión de la crisis carcelaria a Iris Varela, quien aún lo encabeza.
Desde los primeros años del gobierno de Chávez, las trabas aparecieron para el acceso a la información en el ámbito penitenciario. Así lo recuerda Carlos Nieto Palma, abogado y defensor de los derechos de los privados de libertad, con larga experiencia y conocimiento del sistema penitenciario. En 1998 fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, específicamente de la Comisión de Emergencia Penitenciaria. Su principal misión era ser el enlace entre los jueces y el Consejo de la Magistratura para recopilar los datos de la población penal.
“Otro sitio donde se podía conseguir información era en el Palacio de Justicia. Había un departamento que llevaba el control del estatus procesal de cada preso, dónde estaba recluido, sus fechas de traslado, entre otras cosas. Era computarizado”, explica Nieto Palma. Con la cédula de identidad o el nombre del detenido se podía obtener información en esta sede del Poder Judicial y era de acceso libre.
En los años siguientes a 2001, creó un programa en la Universidad Central de Venezuela (UCV) para brindar apoyo médico y legal en las cárceles, a través del servicio comunitario, y también un proyecto para formar a los presos en derechos humanos.
La labor de Nieto Palma fue vista como una amenaza y le prohibieron la entrada a las cárceles, luego que funcionarios de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (actual, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) le practicaran una “visita domiciliaria” en 2003.
El apoyo
La primera experiencia de Martínez Sanz en la cárcel fue de rabia y frustración; la segunda de cambio y creación. Después de un año de prisión en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV, Guárico), el joven se activó en la movida del rap. Encontró que otros compañeros estaban dedicados al género y decidió ser parte de esto en 2013.
“Unas personas llegaron a hacer un documental a la cárcel con los cristianos. Nos vieron y conocieron nuestras inquietudes; lo que estábamos haciendo con el rap y nos apoyaron”, indicó.
La ayuda de estas organizaciones externas al Estado fue clave en el desarrollo de Free Convict, una agrupación musical conformada por 10 expresidiarios y cinco muchachos que permanecen privados de libertad.
En 2016, la cárcel más antigua de Venezuela fue cerrada. La denuncia de desapariciones de presos, fiestas ilegales, explosiones de granadas y tráfico de armas llevó al Ministerio a intervenir la PGV. Martínez Sanz y otros Free Convict pasaron a la Cárcel 26 de Julio, a menos de un kilómetro de distancia.
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Allí el joven no solo se dedicó a la música, sino también a la enseñanza. Con otro privado de libertad impartió clases de inglés a 50 muchachos. “Logramos que el director les firmara los certificados y eso fue una motivación para los chamos”, aseguró.
Hace cuatro meses, el mayor de los Free Convict quedó en libertad. Su trabajo en la cárcel y sus horas dedicadas al proyecto cultral le sirvieron para reducir su condena. Martínez Sanz tiene una nueva misión: apoyar a los cinco integrantes que aún están tras las rejas.
¿Mujeres y hombres nuevos?
Pese al cierre de la fuente oficial, a Nieto Palma funcionarios le suministran información extraoficial que él organiza junto a otros investigadores, en su mayoría periodistas.
“Iris Varela ordenó mantener en resguardo la información. Pero las cifras aún nos llegan. Hay mucha gente que te pasa datos, bajo cuerda y en entrevistas oficiales algún funcionario suelta un par de cifras”, relata el defensor de derechos humanos.
Él y Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), se han convertido en un recurso fundamental para entender el sistema penitenciario del país, sobre todo después de la implementación del Nuevo Régimen Penitenciario, que prometía generar disciplina en los privados de libertad, eliminar las mafias internas y convertir a los detenidos en “la mujer y el hombre nuevo”.
Cuando se abrió el Ministerio para Servicios Penitenciarios había cerca de 50 cárceles según su primera Memoria y Cuenta. La última vez que este documento fue publicado había menos de 40 centros carcelarios (2015). Varela dice que solo una cárcel (Centro Penitenciario de Aragua) no tiene activo el Nuevo Régimen.
En el resto los detenidos son uniformados y su cabello es rapado. Cumplen orden cerrado al estilo militar, son adoctrinados con mensajes ideológicos alusivos al socialismo, las visitas son restringidas y supuestamente cumplen con actividades culturales, educativas, deportivas y económicas.
“No todo es como parece. Adentro no funcionan los sistemas de salud, educación, cultura ni deporte”, sentencia Martínez Sanz.
Combatir la censura
Prado lleva desde 2006 las estadísticas que el Gobierno no quiere que se sepan. El OVP ofrece un balance con datos de muertes, fugas, riñas y gasto presupuestario; también muestra el total de la población penal, su estatus procesal y el hacinamiento.
Desde la creación del Ministerio, los homicidios en los penales disminuyeron. Para 2011, un total de 560 detenidos fueron asesinados; mientras que para 2017 hubo 143 víctimas. Pero, aparecieron las muertes por enfermedades debido a la falta de atención médica. Martínez Sanz vio morir a varios compañeros con tuberculosis: “Los enterraban ahí mismo en la cárcel”.
En las Memoria y Cuenta del Ministerio para Servicios Penitenciarios solo se podía ubicar los datos de la cantidad de población; cuántos estaban procesados y penados; la discriminación por género; y la cantidad de adolescentes en conflicto con la ley. Sobre muertes y hechos violentos no se hablaba. Lo demás era propaganda.
Justamente, cuando dejaron de publicar la Memoria y Cuenta surgieron “las cárceles paralelas”, como las llama Nieto Palma. Se trata de los centros de detención preventiva, lugar donde solo deberían estar los detenidos hasta 48 horas hasta ser llevados a un tribunal. Pese a que la legislación prohíbe una permanencia más larga, las celdas policiales y militares albergan a detenidos durante más de tres años.
La organización de Nieto Palma se dedicó desde 2016 a investigar lo que ocurre en estos centros, administrados por cuerpos policiales. “Los presos en los calabozos policiales son los abandonados del sistema. Nadie quiere hacerse cargo de ellos”, asegura Nieto Palma.
Actualmente tiene investigadores en Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia. En estos 12 estados hay 93 calabozos policiales con precarias condiciones de condiciones de infraestructura, salud, alimentación e higiene.
Advertencia cumplida
Este año, 60 personas murieron en las celdas de la Policía de Carabobo, luego de un motín y un incendio. Después de siete meses, los cinco funcionarios detenidos no han sido enjuiciados.
Tal como ocurría en las cárceles formales, en los centros de detención preventiva se generaron mafias en las que están implicados policías. El 28 de marzo, en la comandancia de Policarabobo comenzó una discusión entre los detenidos y funcionarios por una revisión. Los privados de libertad no querían permitir el ingreso de los policías. Con los presos dormían dos mujeres, que no debían estar allí.
Los funcionarios dispararon perdigones a los reos y prendieron fuego a los colchones que éstos usaron como escudos. Resultado: la muerte de varias decenas de personas. El Ministerio para Servicios Penitenciarios no tomó responsabilidad y las investigaciones de la Fiscalía sobre el caso se desconocen.
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¿Cuántas personas hay detenidas en centros de detención preventiva? Se desconoce. Al igual que los delitos que los llevaron tras las rejas y en qué etapa del proceso judicial están.
“Si las cárceles son lo peor de la sociedad, imagínate si eso se logra cambiar cómo no mejorarían las cosas en otros ámbitos. Pero, si las cosas están ocultas, ¿cómo sabe la gente en qué puede ayudar?”, reflexionó.
