Si todos los seres humanos tuviésemos los hábitos de consumo de los venezolanos del 2014, harían falta 1,97 planetas para satisfacernos. Esto porque nuestra huella ecológica, es decir, la cantidad de recursos naturales que se requieren para vivir, es mayor que la biocapacidad nacional, que es la cantidad de estos bienes ambientales que produce la naturaleza del país.
La huella ecológica y la biocapacidad se miden en hectáreas globales, usando la cantidad de productos como madera, alimento y agua que se obtiene de las “hectáreas productivas del planeta” entre la población de cada país. Así que de cada venezolano de 2014 consumía 3,3 hectáreas globales para sus necesidades mientras que el territorio nacional podría producir 2,7 hectáreas globales en el mismo tiempo. La deuda ambiental nacional está entonces en 0,6 hectáreas por persona/año.
Esto se desprende de los datos de la Global Footprint Network, que señala además que la biocapacidad del país se redujo drásticamente durante las décadas de los 60 y los 70, mientras que el consumo aumentó considerablemente desde el año 2003. Sin embargo, se desconoce qué ha pasado desde 2015. La web, que usa datos disponibles de la ONU, Banco Mundial y la FAO, hizo estimaciones para Venezuela considerando para entonces una población de 30.693.826 personas y un ingreso anual de 13.709 dólares pér cápita.
Desconocer la huella ecológica y la biocapacidad -y sus distintas dimensiones como cantidad de tierra agrícola y producción de agua- impide planificar acciones específicas para su mejora.
La huella ecológica también se puede medir, y mejorar, de forma individual. Esta es una de las herramientas en línea para hacerlo, que incluye consejos para reducirla como usar menos el carro para recorridos cortos, bajar el consumo de agua durante las duchas o comprar productos con menor cantidad de envoltorios, así como sembrar árboles.
Actualmente hay una campaña en Latinoamérica para reducir o eliminar el consumo de bolsas plásticas y pitillos, que contaminan los mares y océanos, que produce la muerte de cientos de miles de tortugas, peces y aves marinas.
¿Y cómo estamos ahora?
La profesora Alicia Villamizar, de la Academia Nacional de Ciencias, dice que para los cálculos de emisiones de gases contaminantes, que son parte de la huella ecológica y la biocapacidad, debe medirse la caída de producción que experimenta el país. Si un bosque, que absorbía CO2 de forma natural, fue talado para abrir una mina de oro o si un cultivo de tomate fue abandonado por falta de agroinsumos, esto variará en la cantidad de metano, dióxido de carbono, agua y nutrientes que entran y salen del ecosistema.
La científica venezolana habla con propiedad. Es parte del equipo que está revisando los instrumentos de medición del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (Ipcc) para modernizarlos, jefa del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar (USB) e integrante de la secretaría académica de Cambio Climático de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Aficman).
Según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), que tiene a la ONG Provita como socio local, Venezuela es el único país de la Amazonía cuya tasa nacional de deforestación aumentó entre 2005 y 2015. Esto fue detallado por Juan Carlos Amilibia en el I Congreso Latinomericano y del Caribe de Conservación Biológica en Trinidad y Tobago durante el mes de julio de 2018. Además de revelar que la minería había desplazado a la tala para establecer cultivos y criar ganado como principal causa de deforestación, se señaló que en Venezuela perdió 2.821 kilómetros cuadrados de bosque entre 2011 y 2015. Esto incluye 445 km2 de áreas protegidas y 953 km2 en el área del Arco Minero del Orinoco.
Pero la tasa de deforestación, que no es oficial, ni revela los cambios durante 2016 y 2017, se estimó usando sensores satelitales. Alejandro Luy y Alejandro Álvarez Iragorry, de la Coalición Clima 21, dicen que las ONG requieren de estos datos de manera formal y específica: el estado de los bosques, cuencas hidrográficas y ecosistemas para enfocar sus acciones de adaptación junto a los ciudadanos.
Otros datos desconocidos son la generación y recolección de residuos y desechos sólidos, que no se informan desde 2013, así como los de lluvia y temperatura por la salida de operación del 70% de las 2.400 estaciones meteorológicas, el nivel de los embalses e incluso la cota del Guri, censurada desde 2016. Esto impide planificar para la sequía, focalizar la reforestación e incluso diseñar edificios que capturen lluvia, lo que sería esencial para enfriar ciudades en medio de la crisis económica, advierte Álvarez.
“Estamos tirando flechas”, dice Villamizar sobre el desconocimiento del presupuesto, metas y rendición de cuentas en materia ambiental en el país. “Todo está relacionado con cambio climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, la erradicación de la pobreza, ¿qué está haciendo el Estado?”.
Ni siquiera hay claridad sobre cómo se elaboró la Segunda Comunicación de Cambio Climático del país, publicada en 2017 pero con datos de 2010, dice Luy. “En 2016 se contactaron a los distintos entes para hacer el Inventario de Gases de Efecto Invernadero y un año después ya tenían los resultados. No sabemos cómo se han movido muchos de estos elementos en los últimos siete años”, apunta. Es decir, no hay precisión ni transparencia para conocer cómo el gobierno estimó cuánto contaminamos.
Y aunque para estimar la actual huella ecológica valdría considerar que el consumo formal podría haberse reducido, y con ello la producción de basura y emisión de gases contaminantes, también la crisis podría haber elevado los impactos ambientales, como sospecha Villamizar, por una sobreexplotación de la naturaleza que reduzca también la biocapacidad. El incremento del uso de leña para cocinar, la explotación de oro y tala y quema de tierras en Carabobo y Yaracuy, así la acumulación de basura en las calles son ejemplos de esto. No lo sabemos con precisión.
